Xalapa, Ver., 5 de marzo de 2010.- Con clara dedicatoria a transportistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el Congreso local aprobó este viernes las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte, con las cuales se faculta al Ejecutivo del estado a ordenar la requisa de este servicio público cuando sea necesario, sobre todo cuando el transportista no ofrezca condiciones de seguridad a los usuarios.
La diputada priista por el distrito de Veracruz, Ángela Perera Gutiérrez, avaló el dictamen de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del estado, debido a que otorgará mayores garantías a los usuarios del transporte público, buscando con ello evitar accidentes con desenlaces fatales.
“Los cuales han ido en aumento en los últimos meses, principalmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y de  lo cual hemos sido todos testigos del estado de indefensión en que se deja a las familias de las víctimas de los irresponsables o bien, falto de pericia de los conductores, quienes en algunos casos prefieren el desenlace más funesto.”
Este viernes el pleno de la legislatura aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Tránsito del estado.
Entre las que sobresale el artículo 137Bis, referente a la requisa, en el cual se establece que el ejecutivo del estado podrá, fundada y motivadamente, ordenar la requisa del servicio público de transporte de pasajeros y de los servicios auxiliares, en todo o parte del territorio estatal a fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte y satisfacer las necesidades de la población en general, en los casos de desastre natural, alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la paz y seguridad interior del estado.
También se establece la requisa cuando prevalezca el deterioro de la calidad, seguridad, oportunidad, permanencia o continuidad en la prestación del servicio público de transporte.
Para tal efecto, el gobierno del estado podrá utilizar el personal que estuviere encargado de la operación de las unidades de transporte público requisadas, con pleno respeto a sus derechos laborales. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Al respecto, la legisladora Ángela Perera resaltó la importancia de la ley aprobada en donde también se plantea que se aumente de 3 a 6 meses la suspensión temporal de la concesión cuando se cometa un delito con el vehiculo autorizado para prestar el servicio de transporte público, esto en los casos de que dichos delitos sean los de homicidio y lesiones,