Javier Hernández Alpízar.– Por problemas de rezago agrario en comunidades como Cuexcontitla, Benito Juárez y Heberto Castillo, en Ixhuatlán de Madero, campesinos del FDOMEZ han sido citados para "investigaciones ministeriales". Son tierras tomadas hace más de 20 años, pero la Procuraduría Agraria se niega a darles títulos. Ellos lo van como represalia por negarse a la individualización de la propiedad, mediante el Procede. Parcelar tierras comunales, lo consideran el "despojo legalizado". Consideran que quieren quitarles al tierra para explotar los recursos naturales.

Han sido citados por demandas a las comunidades, pero el problema de fondo es el "rezago agrario". En el municipio de Benito Juárez, en Cuexcontitla, hay integrantes del FDOMEZ que han sido citados ante el ministerio público. Se trata de tierras recuperadas y ocupadas por el Frente desde hace más de 20 años. 

La Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional tienen conocimiento de que los campesinos del FDOMEZ tienen posesión de la tierra por más de 20 años. 

En la comunidad Heberto Castillo también tienen citatorio penal algunos campesinos representantes del FDOMEZ, pero no se han presentado porque temen una detención. Una organización de derechos humanos está investigando quién los acusa. 

Ahora una persona que se reclama afectada exige que la comunidad firme para que el estado le indemnice por las tierras. El demandante vive en Poza Rica.

Los integrantes de FDOMEZ –explican– pagaron con sangre, porque tuvieron muertos durante una durísima represión policiaca y militar, para poder poseer la tierra. Por ello consideran que la tierra es suya y no piensan abandonarla: "¿Cómo vamos a pedir al gobierno que le pague a los caciques, y nuestros muertos, nos los van a indemnizar?"

En 1994 hubo un desalojo violento en Heberto Castillo. Murieron asesinados en la represión tres jóvenes, "decapitaron a un muchacho", contó Braulio Morales. "Las tierras fueron regadas con sangre de nuestros hermanos campesinos".

Son aproximadamente 180 hectáreas, actualmente entre 30 y 35 familias las habitan. La comunidad se llama Heberto Castillo. Sus representantes han sido citados para "una investigación ministerial".

Los campesinos lo ven como una represalia por no haber aceptado el programa Procede, "porque sabemos que el objetivo que el estado persigue son los recursos naturales del subsuelo que hay nuestros terrenos. Para la resistencia nos tenemos que mantener en posesión comunal o ejidal, porque ya una vez divididos, parcelados los terrenos, y así titulados, entonces es más fácil el despojo. Nosotros le decimos: el despojo legalizado. Por individuo es más fácil que comunal."

A pesar de que ya tienen la tierra por más de 20 años, e incluso el municipio ya los reconoce como comunidad Heberto Castillo, tienen una escuela y electrificación, así como en el programa Oportunidades y hasta por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), solamente las autoridades de la Procuraduría Agraria no los reconocen, contó Braulio Morales.

Lo mantienen como rezago agrario, con la intención de despojarlos, consideran los campesinos del FDOMEZ. El artículo 48 de la ley agraria, asegura, nos ampara.  Más de 5 o 10 años de posesión permanente y continúa legitiman su propiedad de esas tierras.

Dos lógicas, la de la resistencia de los campesinos en la tierra y la de la contrarreforma agraria iniciada con el salinismo, se enfrentan en la Huasteca veracruzana e hidalguense.